Congreso respalda el Estado de Calamidad

Diputados toman medidas de fiscalización para la prevención del mal uso de los recursos

Por Luisa Laguardia

Este jueves el Congreso respaldó la medida impuesta por el Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, de Estado de Calamidad para la prevención del Coronavirus Covid 19. Sin embargo, antes de su aprobación se hicieron ratificaciones para evitar mal uso del fondo de emergencias.

Con 120 votos a favor, el pleno del Congreso, hizo las enmiendas que consideraron pertinentes para poder fiscalizar el uso del fondo en posibles casos de Covid-19. El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, afirmó estar contento de respaldar la medida del gobierno para así, garantizar acciones eficientes en escenarios potenciales de dicha enfermedad.

En desacuerdo con la postura de Rodríguez, la diputada Vicenta Jerónima del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), expuso su postura en contra de la medida de excepción con temor de posibles daños a las comunidades indígenas. Esto se debe a que en los últimos tres gobiernos, tras ser respaldadas este tipo de acciones, las empresas han aprovechado la situación de las personas para expropiar tierras, subir precios, entre otros males.

Los legisladores acordaron la suma de Q230 millones para que el Ejecutivo lo utilice en las medidas de prevención del Coronavirus. Tras la aprobación de las ratificaciones los diputados obligan al gobierno a rendir cuentas claras sobre el uso del dinero otorgado.

Estas enmiendas fueron promovidas, mayormente, por las bancadas de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Winaq. Con el fin de evitar que los fondos sean mal utilizados. El diputado, Adán Pérez, aclaró que él sí quiere que le gobierno tome medidas necesarias para evitar la propagación del virus en Guatemala sin embargo, solicita el rendimiento de cuentas e informar al Legislativo de todos los gatos que se hagan.

El ministro de Finanzas, Álvaro Ricci, sostendrá en los próximos días reuniones con los diputados para poder analizar y dimensionar el impacto económico que tendrá esta medida en el país.