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Panorama migrante en tiempos del Covid-19

Migrantes guatemaltecos se han visto obligados a regresar ante la crisis sanitaria, sin embargo, la población guatemalteca se ha visto reacia a recibirles.


Fotografía: OMS
Fuente: OMS

Por: Grethel Díaz


Un problema comunitario


El pasado quince de abril los vecinos de la colonia Vista Bella, zona 11, Quetzaltenango-uno de los departamentos con mayor flujo migratorio-, protestaron por que el gobierno quería albergar ochenta migrantes deportados en el centro recreativo Atanasio Tzul.


La llegada de los migrantes alertó a los vecinos ya que creyeron que este podría ser un riesgo para su salud. Esto es solo un reflejo del pánico que se ha apoderado de numerosas comunidades.


El pasado 17 de abril el Cardenal Álvaro Ramazzini se pronunció ante esta situación, estas son sus declaraciones.



 

 

“Los retornados no tienen las condiciones para ponerse en cuarentena voluntaria”





Julia González, Coordinadora Ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones Guatemalteca—entidad que vela por los Derechos humanos de los migrantes y sus familias—, nos amplía el panorama de la situación de los migrantes guatemaltecos deportados.


Los migrantes que fueron retornados al momento que estalló la crisis no fueron tratados bajo ningún tipo de protocolo. Únicamente se les tomaba la temperatura, no habían pruebas de Covid-19, con la suspensión del transporte urbano las personas eran llevadas en transporte del gobierno o del ejército—únicamente acercándolas a su comunidad—, muchas de ellas tuvieron que caminar una larga distancia.

Al ingresar al país se les pedía que se pusieran en cuarentena voluntaria. Sin embargo, muchos de los retornados viven en situación de pobreza o extrema pobreza, sobre todo en las áreas de la comunidad rural. Resulta evidente que las personas deportadas no tendrían condiciones para tener una cuarentena voluntaria.


El acceso a los servicios de salud es difícil para estas personas, y sin transporte urbano para movilizarse, la condición de las personas deportadas es complicado. El Estado no ha garantizado el derecho a la salud de estas personas.


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